Artículo 19 advierte riesgos por posible control estatal de contenidos informativos

La organización Artículo 19 expresó este jueves su preocupación ante las propuestas que buscan otorgar a autoridades gubernamentales la facultad de clasificar contenidos informativos como veraces o falsos. Según la postura de la organización, este tipo de mecanismos podría derivar en una suerte de "policía de la verdad", contraviniendo principios fundamentales de libertad de expresión establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El organismo señaló que cualquier intento de las instituciones públicas por definir qué constituye una noticia verdadera representa un riesgo directo para el ejercicio periodístico independiente. La preocupación central radica en que el Estado carece de facultades para actuar como árbitro del discurso público, y que dicha función podría ser utilizada para censurar o desacreditar investigaciones críticas que involucren a funcionarios o dependencias federales.

Representantes de la organización enfatizaron que el pluralismo informativo es un pilar de la democracia mexicana. Argumentaron que la labor de verificación debe recaer en la sociedad civil, las instituciones académicas y los propios medios de comunicación a través de procesos de autorregulación y transparencia, evitando siempre la intervención directa de entidades gubernamentales que puedan tener conflictos de interés.

Asimismo, Artículo 19 recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios históricos que protegen el derecho a la información y limitan la injerencia estatal en los contenidos editoriales. La organización instó al Congreso de la Unión a analizar con cautela cualquier iniciativa que proponga la creación de órganos o facultades que atenten contra el libre flujo de ideas y la pluralidad en el ecosistema mediático nacional.

Finalmente, el colectivo hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en lugar de centrar esfuerzos en la regulación de contenidos. Consideran que, en el contexto actual, es imperativo garantizar un entorno seguro y libre de presiones políticas para que los medios puedan realizar su trabajo sin el temor de ser señalados por criterios oficiales de veracidad.