Datos de un reloj inteligente se convierten en evidencia clave en juicio
Información biométrica de un dispositivo portátil recabada hace tres años es utilizada actualmente por la Fiscalía para esclarecer un caso de homicidio.
La Fiscalía General de la República ha integrado información técnica proveniente de un reloj inteligente como prueba determinante en un proceso judicial por homicidio. El caso, que se remonta a hechos ocurridos en 2023, destaca cómo el registro de constantes vitales y geolocalización de dispositivos personales se ha convertido en una pieza fundamental para las investigaciones criminales en México.
Los datos recabados por el dispositivo, tales como el conteo de pasos, la frecuencia cardíaca y la altimetría detectada al subir escaleras, permitieron a los peritos forenses establecer una cronología precisa de los movimientos de la víctima. Esta información, diseñada originalmente para el seguimiento de la salud y el acondicionamiento físico, fue extraída mediante órdenes judiciales para confrontar las declaraciones presentadas por la defensa durante las audiencias en el Poder Judicial.
Especialistas en ciberseguridad señalan que este tipo de evidencia digital es cada vez más común en los tribunales del país. La capacidad de los dispositivos para registrar cambios repentinos en el ritmo cardíaco o periodos prolongados de inactividad física ofrece a las autoridades una ventana detallada sobre los eventos ocurridos en situaciones de violencia, donde el testimonio humano puede ser insuficiente o contradictorio.
Este procedimiento judicial plantea interrogantes sobre la privacidad de los usuarios frente a las nuevas tecnologías. Si bien la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece límites claros, la jurisprudencia actual permite que la información almacenada en dispositivos personales sea utilizada cuando existe una orden de un juez de control durante una investigación formal por delitos graves.
El juicio continúa su curso en las salas de oralidad, donde el equipo legal de la parte acusatoria busca consolidar la validez de los metadatos obtenidos. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante sobre el uso de pruebas digitales en el sistema de justicia penal mexicano, obligando a las autoridades a fortalecer sus protocolos de cadena de custodia para este tipo de información sensible.
