Defensa de Cilia Flores solicita arresto domiciliario tras complicaciones cardíacas
Abogados de Cilia Flores han solicitado formalmente el traslado a arresto domiciliario, argumentando un deterioro severo en su salud tras sufrir un infarto en prisión.
La defensa legal de Cilia Flores presentó este jueves una solicitud formal ante las autoridades judiciales para obtener el beneficio de arresto domiciliario. Según el equipo legal, la medida responde a un deterioro crítico en su estado de salud, derivado de un infarto que habría sufrido recientemente mientras se encontraba cumpliendo su reclusión en un centro penitenciario.
Los abogados han enfatizado que las condiciones actuales de reclusión no permiten la atención médica especializada que requiere su condición cardíaca. Argumentan que el entorno carcelario ha complicado el control de su padecimiento, lo cual ha generado un riesgo constante para su integridad física y estabilidad hemodinámica según los reportes internos proporcionados por sus representantes legales.
La petición, que se encuentra bajo análisis de las instancias correspondientes, busca que se considere el traslado a un entorno controlado y supervisado donde sea posible garantizar un protocolo de atención médica continua. El equipo de defensa ha señalado que la solicitud no implica una suspensión de los procesos legales, sino una medida humanitaria basada estrictamente en criterios médicos urgentes.
Por su parte, las autoridades penitenciarias han indicado que el caso está siendo evaluado por los servicios médicos oficiales para determinar la veracidad de los informes presentados por la defensa. Se espera que, en los próximos días, una junta médica emita un dictamen técnico que permita al juez de la causa tomar una decisión informada sobre la viabilidad del cambio de medida cautelar.
El entorno político internacional mantiene una observación cercana sobre el desarrollo de esta situación, dada la relevancia del perfil de la detenida. Mientras tanto, sus representantes legales han reiterado la disposición de cumplir con cualquier esquema de vigilancia que determine el Poder Judicial, siempre que se priorice el derecho a la salud y el acceso a tratamientos especializados fuera del complejo penitenciario.
