Exdirector de la DEA demanda acción judicial contra el gobernador Rocha Moya

Derek Maltz, quien se desempeñó como director interino de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), emitió un pronunciamiento este domingo instando al actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, a tomar medidas para que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rinda cuentas ante la justicia estadounidense. La declaración subraya la creciente presión internacional sobre funcionarios mexicanos en relación con investigaciones de alto perfil sobre seguridad y crimen organizado.

El posicionamiento de Maltz enfatiza la necesidad de una cooperación bilateral más estrecha para procesar a actores políticos vinculados, presuntamente, con actividades ilícitas que impactan a ambos países. El exfuncionario estadounidense insistió en que el mandatario estatal debe enfrentar los cargos que se le imputan en el extranjero, señalando que la colaboración de la administración federal es clave para concretar estos procesos judiciales.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni la oficina del gobernador de Sinaloa han emitido una respuesta oficial respecto a estas declaraciones. La postura de Maltz se suma a las tensiones diplomáticas y de seguridad que han marcado la relación bilateral en los últimos meses, en un contexto donde el gobierno mexicano ha priorizado la soberanía nacional en la resolución de investigaciones que involucran a servidores públicos locales.

La exigencia de Maltz pone nuevamente en el centro del debate la eficacia de los mecanismos de extradición y la coordinación entre la Fiscalía General de la República y sus contrapartes en el vecino país del norte. Analistas en materia de seguridad consideran que este tipo de pronunciamientos de exfuncionarios estadounidenses suelen reflejar el sentir de agencias de inteligencia que buscan resultados tangibles en la lucha contra los cárteles de la droga.

El futuro de esta petición dependerá de los cauces diplomáticos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el respeto a los procesos judiciales vigentes en México. Mientras tanto, la atención pública se mantiene sobre la gestión de seguridad en el estado de Sinaloa y las posibles implicaciones legales que podrían derivarse de las investigaciones internacionales en curso.