FGR investiga irregularidades en operativo de hidrocarburos en Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una revisión exhaustiva del operativo realizado recientemente en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, donde se aseguraron 59 millones de litros de hidrocarburo. La intervención federal busca esclarecer la legalidad y los protocolos seguidos durante el decomiso, ante las sospechas de irregularidades en el actuar de las autoridades locales involucradas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la existencia de anomalías significativas en el procedimiento de aseguramiento. A raíz de estos hallazgos, se ha notificado la destitución del delegado de la FGR en el estado, medida que forma parte de las acciones para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley en las operaciones contra el robo de combustible.

Expertos en seguridad han calificado la actuación en campo como deficiente, señalando que la cadena de custodia y los métodos de intervención no cumplieron con los estándares técnicos requeridos para un aseguramiento de esta magnitud. La controversia se centra en determinar si el volumen de combustible incautado corresponde efectivamente a actividades ilícitas de huachicol o si existen inconsistencias documentales que invalidan el proceso original.

Actualmente, la FGR mantiene abiertas diversas carpetas de investigación para deslindar responsabilidades tanto de servidores públicos como de particulares. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reiterado que cualquier desviación en el ejercicio de la autoridad será sancionada conforme a derecho, priorizando la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país.

El caso ha generado un intenso debate sobre la eficacia de las estrategias de inteligencia en la lucha contra el mercado ilícito de combustibles. Mientras avanzan las indagatorias, se espera que los resultados de las auditorías internas de la FGR permitan esclarecer el origen y el destino del hidrocarburo, así como el grado de responsabilidad de los funcionarios destituidos y bajo investigación.