Jueza dicta prisión preventiva a Fernando N por presunto contrabando
Una jueza federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra Fernando “N”, exfuncionario de la Secretaría de Marina, señalado por su supuesta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.

Una jueza de control dictó este domingo prisión preventiva justificada contra Fernando “N”, exfuncionario de la Secretaría de Marina (SEMAR), quien es investigado por su presunta responsabilidad en la operación de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos en territorio nacional. La resolución fue tomada durante la audiencia inicial celebrada este 23 de agosto, donde el Ministerio Público Federal presentó los cargos que vinculan al imputado con actividades ilícitas relacionadas con el manejo ilegal de combustibles.
El caso, que ha cobrado relevancia debido al perfil del implicado, se centra en la supuesta coordinación de esquemas para evadir controles fiscales y aduaneros en la distribución de energéticos. Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando “N” habría aprovechado sus facultades y contactos previos dentro de la estructura institucional para facilitar el flujo de cargamentos no regulados a través de diversas terminales portuarias.
Durante la audiencia, la defensa legal del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Por ello, será en los próximos días cuando el juzgado determine si existen elementos suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso, mientras el imputado permanecerá bajo resguardo en el centro penitenciario designado por las autoridades federales para garantizar que no evada la acción de la justicia.
Este proceso forma parte de las acciones emprendidas por las instituciones de seguridad y procuración de justicia para desarticular redes que afectan el patrimonio nacional y la estabilidad del sector energético. La Secretaría de Marina ha colaborado con las autoridades investigadoras para esclarecer cualquier irregularidad administrativa o penal que pudiera haber ocurrido durante el ejercicio de las funciones del ahora señalado, manteniendo la política de cero tolerancia a la corrupción dentro de sus filas.


