La extorsión digital: cuando la inteligencia artificial cobra derecho de piso
El uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de grupos delictivos ha transformado la extorsión tradicional en una amenaza tecnológica creciente en México.
La modalidad de extorsión conocida como derecho de piso ha migrado hacia el entorno digital, utilizando herramientas de inteligencia artificial para perfeccionar el acoso a comerciantes y empresarios en diversas entidades del país. Este fenómeno, que combina tácticas de coerción criminal con tecnología avanzada, permite a los delincuentes generar perfiles, realizar llamadas con voces clonadas y enviar amenazas automatizadas que dificultan la identificación de los agresores por parte de las autoridades.
El uso de algoritmos para identificar vulnerabilidades en las finanzas de los negocios locales ha provocado que pequeños y medianos empresarios enfrenten riesgos sin precedentes. Al igual que en la extorsión física, el objetivo es el control territorial mediante el miedo, pero bajo un esquema donde la distancia física entre la víctima y el victimario se vuelve irrelevante, complicando la labor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el seguimiento de estos crímenes.
Especialistas en ciberseguridad han señalado que la falta de protocolos específicos ante la sofisticación delictiva permite que estos grupos operen con mayor impunidad. Como recordaba el escritor Honoré de Balzac: “La ley no castiga a los ladrones sino cuando roban mal”, una frase que resuena en un contexto donde el sistema judicial mexicano aún se adapta para tipificar y perseguir eficazmente las nuevas formas de delincuencia digital que operan en las sombras del ciberespacio.
Ante este escenario, diversas organizaciones empresariales han solicitado fortalecer las capacidades de la Fiscalía General de la República para rastrear transacciones digitales y desarticular las redes que emplean IA para la comisión de delitos. La coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resulta fundamental para implementar estrategias de prevención que protejan a los ciudadanos del uso malintencionado de estas tecnologías emergentes.
Aunque existen propuestas legislativas en el Congreso de la Unión para actualizar el Código Penal Federal en materia de delitos informáticos, el avance de las herramientas de IA continúa superando la capacidad de respuesta institucional. El desafío actual reside en cerrar la brecha entre la innovación tecnológica y la eficacia del Estado de derecho, garantizando que el entorno digital no sea un refugio para la extorsión.
