ONU-DH señala deficiencias en la aplicación de leyes sobre desapariciones en México
El representante de la ONU-DH, Alan García, advirtió que México requiere fortalecer sus instituciones especializadas para enfrentar la crisis de desapariciones.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió este viernes que el país enfrenta retos significativos en la aplicación efectiva de la normativa vigente contra la desaparición de personas. Alan García, representante del organismo, señaló que los marcos legales actuales, aunque robustos en el papel, requieren de instituciones más especializadas, fortalecidas y con personal altamente capacitado para atender la magnitud de la problemática en diversas entidades del territorio nacional.
Durante un foro sobre justicia y derechos humanos, el representante de la ONU-DH enfatizó que la atención a las desapariciones no puede depender únicamente de esfuerzos aislados. Según el organismo, la estrategia nacional debe transitar hacia una mayor coordinación entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, buscando que la búsqueda de personas desaparecidas sea una prioridad presupuestaria y operativa dentro de la estructura de justicia mexicana.
El equipo de la ONU-DH planteó que, para revertir la tendencia actual, es indispensable que los gobiernos estatales y las autoridades de seguridad refuercen sus protocolos de investigación técnica y científica. La propuesta central del organismo subraya la necesidad de dotar a las comisiones de búsqueda de los recursos humanos y tecnológicos suficientes, asegurando que el personal encargado de estas tareas cuente con una formación especializada en derechos humanos y atención a víctimas.
Finalmente, la organización internacional instó a las autoridades mexicanas a redoblar esfuerzos para garantizar que las leyes en la materia se traduzcan en resultados tangibles para las familias. La advertencia se centra en que la falta de implementación efectiva no solo perpetúa la impunidad, sino que debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en el país.
