Vinculan a proceso a siete personas y tres empresas por fallecimientos en festival

Un juez de control del Poder Judicial dictó auto de vinculación a proceso contra siete personas físicas y tres empresas vinculadas a la organización y logística del festival AXE Ceremonia. La medida legal se deriva de las investigaciones iniciadas tras el fallecimiento de dos fotoperiodistas que perdieron la vida durante el desarrollo del evento masivo, marcando un precedente en la exigencia de medidas de seguridad en espectáculos públicos en México.

La Fiscalía General de la República, en coordinación con las autoridades estatales, presentó elementos de prueba que señalan presuntas omisiones en los protocolos de protección civil y seguridad de los asistentes. Según la investigación, la falta de supervisión adecuada y el incumplimiento de las normativas vigentes habrían contribuido a las condiciones que derivaron en los decesos, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar la apertura del proceso penal correspondiente.

Los representantes legales de las tres empresas involucradas enfrentan cargos por responsabilidad indirecta y posible negligencia en la gestión de riesgos operativos. Durante la audiencia, la defensa de los imputados argumentó que se siguieron los lineamientos establecidos por las autoridades locales; sin embargo, el juez determinó que existen indicios suficientes para profundizar en la indagatoria durante el periodo de investigación complementaria.

Este proceso judicial pone bajo la lupa los estándares de seguridad que deben garantizar los organizadores de eventos de gran escala en el país. Organizaciones de periodistas han manifestado que el seguimiento de este caso es fundamental para asegurar que las condiciones laborales y de seguridad de los comunicadores sean respetadas en espacios de alta concurrencia.

El Poder Judicial ha otorgado un plazo para que la Fiscalía concluya la recolección de pruebas adicionales, mientras los imputados enfrentan el proceso bajo medidas cautelares determinadas por la autoridad competente. Se espera que en los próximos meses se definan las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados, en un caso que ha generado un intenso debate sobre la gestión de eventos masivos en territorio nacional.